· Ningún poder público está por encima de la Constitución
·
El
Poder Judicial incurre en desviación de poder
(Caracas, 12 de julio
de 2017)
El
Vicefiscal General de la República, Rafael González Arias, manifestó que
ninguno de los órganos que conforman el Poder Público Nacional puede colocarse
por encima de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Así lo dijo en una entrevista
concedida este miércoles 12 de julio transmitida por la emisora Éxitos 99.9 FM,
en la que señaló que a su criterio, todas las decisiones “de cualquier órgano
público tiene que pensar en la paz de la República, en la convivencia de los
venezolanos, ahorrarle dolor al pueblo de Venezuela”.
En ese sentido, González indicó que
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “es un órgano que reiteradamente incurre
en desviación de poder, que se aparta de los fines del Estado, para tal vez
atender otros distintos a los constitucionales”.
“La Sala Constitucional, siendo la
última intérprete de la Constitución, no puede nunca estar por encima de la
misma. Las decisiones que tome deben ser para cumplir con los fines del Estado.
Cualquier interpretación que haga tiene que ser para reforzar el ejercicio
democrático de la voluntad popular”, dijo el Vicefiscal.
Acotó que ante la crisis
institucional, económica y social que atraviesa el país los venezolanos esperan
que los Poderes Públicos ofrezcan soluciones pacíficas y dentro del marco
constitucional.
Por otra parte, rechazó que
personas detenidas en manifestaciones sean juzgadas por tribunales militares,
hecho que contradice el mandato constitucional, además considera necesario que
los tribunales y fiscales militares que llevan ese casos declinen dichas
competencias.
DESVIACIONES DE PODER
Señaló que el TSJ incurrió en
desviación de poder al anular la actuación de la Asamblea Nacional y otorgar
poderes extraordinarios al Ejecutivo, a través de las sentencias 155 y 156
emitidas por ese órgano; además de pretender designar a una Vicefiscal General
de la República.
“Estamos ante una
desviación de poder porque se está concentrando en una persona el Poder
Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo”, expresó el alto
funcionario, quien consideró este hecho como una alteración de la forma
republicana del Estado prevista en la Carta Magna.
Agregó que los poderes
otorgados por el TSJ al Presidente de la República incluyen “el poder penal y
el poder legislativo, es decir, que podía ejercer la potestad punitiva”.
Recordó que esta
situación fue denunciada el pasado mes de marzo por la Fiscal General de la República,
Luisa Ortega Díaz, como una ruptura del orden constitucional.
González precisó que el
otorgamiento de poderes extraordinarios al Jefe de Estado corresponde
exclusivamente a la Asamblea Nacional por medio de una Ley Habilitante, en la que
se establecen “límites severos a esta potestad legislativa sobre qué materias
puede legislar el Presidente de la República, además le establece un tiempo
para el ejercicio”.
ANTEJUICIO DE MÉRITO
Sobre el antejuicio que se pretende
seguir contra la Fiscal General, el alto funcionario lo calificó de
“inconstitucional, arbitrario e ilegal” debido a que no se ha señalado en su
contra la comisión de hechos punibles, no obstante, se dictaron medidas de
coerción personal aplicables solo dentro de un proceso penal.
Resaltó que el único órgano
facultado para declarar faltas graves cometidas por la Fiscal General es el
Consejo Moral Republicano y que no se ha seguido el debido proceso
correspondiente al caso.
“La Sala Plena ha
actuado como Consejo Moral y como órgano jurisdiccional. Conoció de los
supuestos hechos que constituyen falta grave, consideró que tenían indicios de
veracidad y, por lo tanto ellos mismos activaron el antejuicio de mérito”.
Indicó que el TSJ
también ha tomado competencias del Ministerio Público al solicitar medidas
cautelares contra Ortega Díaz.
Reiteró que, según el
debido proceso establecido en la legislación venezolana, corresponde al
Parlamento considerar la desincorporación de la Fiscal General en caso de que el
Consejo Moral Republicano declare alguna falta grave que amerite un
procedimiento administrativo o penal en su contra.
COMPROMISO
INSTITUCIONAL
El Vicefiscal General comentó que
se ha reunido con el personal de la institución que labora en las distintas
sedes, con el fin de exponer acciones en defensa de la Constitución, ante la
coyuntura actual del país.
“Puedo dar fe del
compromiso no solo institucional, sino patriótico en la defensa de la
Constitución, la independencia y autonomía del Ministerio Público y la
democracia”.
Calificó como una violación al
derecho de libre tránsito la anulación del pasaporte al director general de
Actuación Procesal, Zair Mundaray, quien viajaba este miércoles a Argentina
para representar a la Fiscal General en una reunión extraordinaria de la
Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
AS
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12-07-17VFGREntrevistaRadio6
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