La Coalición de organizaciones de derechos humanos
venezolana, Foro por la Vida, en defensa de los derechos a la participación
política, reunión, manifestación, asamblea, y a la libertad de expresión,
reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los
instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, exige a los funcionarios
de los distintos poderes del Estado, que se abstengan de adoptar iniciativas
que entorpezcan el normal desarrollo de la Consulta Soberana, prevista para el 16 de julio de 2017.
La obligación de los funcionarios de los distintos poderes
públicos implica igualmente desarrollar medidas eficaces que garanticen la
vida, la integridad personal y los demás derechos de las personas que
participen en dicha actividad, y por tanto, impedir que grupos violentos
atenten contra las personas en general.
El 3 de julio de 2017 en las instalaciones del Centro
Cultural de Chacao, sectores de la sociedad civil junto a líderes políticos
suscribieron un documento titulado “Gran Acuerdo Nacional” y “que sea el Pueblo
quien decida”. El objetivo es convocar a una consulta popular para conocer si
la mayoría del pueblo rechaza o se aprueba la Asamblea Nacional Constituyente.
Los fundamentos constitucionales de esta solicitud son, entre otros, los
artículos 5, 53, 57, 70, 71, 333, 350 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
El 5 de julio de 2017, en medio del asalto ocurrido a la sede
del Palacio Legislativo Nacional por parte de grupos violentos simpatizantes del
gobierno, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría el Acuerdo para realizar una
consulta popular el próximo 16 de julio, en virtud de la solicitud de
diferentes sectores de la sociedad civil.
La Consulta Soberana es un proceso para que las personas que
decidan libremente participar, puedan expresar su opinión afirmativa o negativa
sobre temas de interés público y de carácter político. En este sentido, la
consulta incluye 3 preguntas: una relacionada con la convocatoria a la Asamblea
Nacional Constituyente por el Presidente de la República; una sobre las
obligaciones de los funcionarios en relación a la Constitución del año 1999; y
una sobre la renovación de los Poderes Públicos 1.
El discurso político y sobre asuntos de interés público es un
tipo de expresión especialmente protegido por el derecho internacional de los
derechos humanos. El acto de Consulta Soberana es un evento que posibilita la
participación política libre de la sociedad, y conlleva el ejercicio de los
derechos a la reunión o asamblea y expresión.
Las organizaciones que integran el Foro por la Vida y otras
organizaciones de la sociedad civil asumimos y reiteramos nuestro compromiso de
acompañar, documentar y hacer seguimiento a todas las posibles violaciones a
los derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, así como en los instrumentos internacionales sobre la materia,
que ocurran durante esta consulta, sus días previos y consecutivos.
Desde el Foro por la Vida instamos a los órganos y organizaciones
internacionales de derechos humanos a observar y a realizar su labor de
veeduría internacional durante el desarrollo de la consulta nacional convocada
para el domingo 16 de julio.
Rechazamos todos los mecanismos de presión a personas para
participar o no en cualquier proceso de consulta o elección, porque son
incompatibles con el derecho a la libertad de expresión y la libre
participación en asuntos de interés público. Las amenazas en instituciones
públicas de despedir o sancionar a funcionarios por esta razón, constituyen una
coerción a la libre voluntad de las personas y deben ser castigadas por los
funcionarios responsables.
Exigimos a las autoridades encargadas de garantizar el orden
público la no intromisión, sabotaje, agresión o cualquier otro medio de
coacción ilegítima para interrumpir el normal desarrollo de la consulta popular
impulsada por la sociedad civil, representantes políticos y la Asamblea
Nacional.
Demandamos la protección, respeto y resguardo de los centros
de consulta popular por parte de las fuerzas del orden público, tomando como
precedente los hechos ocurridos el día 5 de julio en las instalaciones del
Palacio Legislativo. De igual forma instamos a las instituciones responsables
del orden público a actuar ante las posibles agresiones a estos centros
recordando que la omisión también constituye delito.
Vocería del Foro por la Vida
Espacio
Público; Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de
la Universidad Central de Venezuela; y
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Suscriben:
Acción
Ciudadana contra el Sida
Acción
Solidaria
Caritas
de Los Teques
Centro
de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro
para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad
Central de Venezuela
Comité
de Familiares de las Víctimas de los Sucesos
de
Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic)
Comisión
de Derechos Humanos de Ayacucho
Comisión
de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal
Comisión
Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de
Venezuela (Secorve)
Espacio
Público
Observatorio
Venezolano de Derechos de las Mujeres
Programa
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Servicio
Jesuita a los Refugiados (SJR)
Vicaría
de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Comité
de Solidaridad Periodistas de la Calle (Sucre)
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