Caracas 28/07/17. (PS).-
Rafael Narváez,
coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, denunció
que el anuncio del ministro de interior, justicia y paz, Néstor Reverol de
prohibir manifestaciones públicas, “es ilegal porque viola el debido proceso al
no haberse aprobado en un Consejo de ministros, y que de haber Estado de
derecho, esto debería ser refrendado por la Asamblea Nacional”.
Aseguró que nuevamente
se hace una interpretación “arbitraria y conveniente” por parte el Ejecutivo
que viene contraviniendo todo el ordenamiento legal de la nación a manos del
Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, “instancia que entrego la jurisdicción
ordinaria a la justicia militar, asesinando el juez natural y aniquilando el
debido proceso y la libertad de expresión y para colmo, cómplice de la matanza
de venezolanos de forma descarada”.
En cuanto al
anuncio hecho por el ministro Reverol acerca de la conformación de un
importante número de sitios de reclusión para quienes cometan delitos
electorales este 30J con penas de entre 5 y 10 años, sostuvo que no es más que
un recordatorio de los campos de concentración nazis “¿Acaso estos sitios de reclusión
van a ser para respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, derecho al
abogado el derecho a ser oído o de presunción de inocencia? por el contrario,
estoy convencido que son lugares para torturarlos, amedrentarlos y quebrarlos
espiritualmente”.
Condenó la
“indolencia” tanto de los poderes públicos frente a la situación que atraviesa
el país como de las instancias internacionales que no reaccionan con fuerza frente
a una situación que rebasa los límites de lo tolerable. “El sistema interamericano
de Derechos Humanos y el hemisferio solamente hacen catarsis llenándose de
vocerías y con una evidente falta de sensatez para un encuentro que permita un
diálogo de verdad que le permita al pueblo ejercer su soberanía a través del
voto directo y secreto a través de elecciones generales”.
Para el
jurista, las protestas que arriban al día 118 se han convertido en un “genocidio
y una guerra civil” producto de la aplicación del Plan Zamora, aprobado por un
decreto presidencial del presidente Maduro, esquema que en su opinión se aplica
con, “saña, alevosía, resentimiento y odio, dejando como resultado un total de
106 personas asesinadas, así como miles de detenciones arbitrarias y torturados
que en algún momento serán investigados y juzgados y condenados sus
ejecutores”.
Advirtió que el
proceso de sustanciación de expedientes que viene realizando busca que los
funcionarios pertenecientes al Comando de antiextorsión y secuestro, Conas, la
Policía Nacional Bolivariana, PNB, el Cuerpo de investigaciones científicas,
penales y criminalísticas, CICPC y la Guardia Nacional Bolivariana, GNB,
incursos en excesos contra la población, respondan por sus actos.,
Hizo un llamado
a “resistir con prudencia” porque en su opinión, el país atravesará un calvario
hasta pasada las elecciones de la Constituyente. “No se ha terminado ni el
terrorismo de Estado ni la violación de Derechos Humanos, por lo que se exige
de nosotros sindéresis y un equipo humano importante con inteligencia y
sabiduría a fin de constituir un gran movimiento en defensa de los Derechos
Humanos para darle apoyo necesario a las víctimas que están por venir producto
sistema militar totalitario que pretende instaurarse en Venezuela”, concluyó.
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