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Prohibición de Conatel a medios de
comunicación audiovisuales sobre información de consulta popular prevista para
el 16 de julio es arbitraria e ilegal
La Junta Directiva del Colegio
Nacional de Periodistas Seccional Distrito Capital, alerta al gremio periodístico
y a la sociedad civil sobre las últimas acciones que ejerce el gobierno contra
el derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
El gobierno continúa con su
política de censura contra la información en Venezuela. Es ya conocida la actuación de La Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quien giró instrucciones a las
diversas estaciones de radio y televisión venezolanas, comunicándoles algunas
prohibiciones relacionadas con la consulta popular convocada por distintos
factores sociales y políticos para este domingo 16 de julio.
Dicha
actuación del organismo rector de las
comunicaciones, representa un nuevo
atentado contra las libertades democráticas previstas en nuestro ordenamiento
jurídico venezolano y en la normativa internacional en materia de derecho a la
libertad de expresión.
Nuestra carta magna expresa en
el artículo 57 que: “Toda persona tiene derecho a
expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por
escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello
de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse
censura”.
Asimismo el artículo 19
establece que “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable,
indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía
son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta
Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados
por la República y con las leyes que los desarrollen”
Queda clara la obligación del
estado en garantizar a todo ciudadano el ejercicio de los derechos humanos; por
ello de forma alguna puede violentarlos.
No utilizar el término consulta
popular para la actividad del 16 de julio, prohibir a los periodistas de
fomentar la participación en el evento
señalado y que los medios no publiquen las piezas propagandísticas previstas
por la Mesa de la Unidad Democrática; fueron parte de las órdenes impartidas a
los medios por Conatel.
La normativa internacional en
materia de libertad de expresión, excluye totalmente la censura previa como
posible restricción de los gobiernos.
La convención Americana sobre
Derechos Humanos señala en su artículo 13 inciso 2, que el ejercicio de la
libertad de expresión “No puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores”.
Es decir, no puede el gobierno
pretender una prohibición absoluta de una información u opinión antes de ser
difundida.
La libertad de expresión e
información es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos cuyo artículo 19 establece: “Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado
a causa de opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirla, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”
Por su parte La ley de Ejercicio
del Periodista en su artículo 5, inciso 5
señala como uno de sus fines “Salvaguardar la libertad de expresión y el
derecho a la información”; razón por la cual el gremio periodístico ejecutará
todas las acciones necesarias para defender estos derechos.
El Colegio Nacional de Periodistas seccional
Distrito Capital, Condena enérgicamente
las actuaciones de Conatel porque
constituyen censura previa, la cual es
contraria al ejercicio de los derechos
humanos, además de estar prohibida en el marco legal vigente.
Asimismo exigimos al gobierno
nacional respeto al marco jurídico vigente y
exhortamos al ejecutivo revisar las decisiones en contra de los
ciudadanos y medios de comunicación para que se restablezcan las garantías
plenas para el ejercicio de la libre expresión.
En Caracas a los 13 días del mes de
julio de 2017
Nuestra Constitución es muy clara a ese respecto. La libre expresión y participación no están tipificadas, como delito. Entonces cuál es el miedo
ResponderEliminarQuienes hoy se someten al abuso de poder, pierden una oportunidad única e histórica de preservar sus derechos y propiedades. Si la constituyente ilegal de Maduro ae concreta, no habrá libre empreaa, mucho menos medios de comunicación independientes
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