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sábado, 8 de julio de 2017

COPEI se pronuncia: Vamos hacia una guerra interna de mayores proporciones

·      declaración del Comité Nacional de Copei sobre situación del país


·       “Los militares van camino a convertirse en los verdugos del país”. Dice Copei
Los últimos acontecimientos ocurridos en el país son los tiempos finales en los que se enfrenta, irreversiblemente, un pueblo que se niega a perder sus libertades y una dictadura dispuesta a conservar el poder destruyendo brutalmente las instituciones republicanas.
Acosado por las más grandes e intensas protestas sociales y políticas realizadas en Venezuela, el régimen trata de acelerar el paso para aplastar una resistencia que adquiere mayor fuerza en la medida en que la represión recrudece.  
La banda mafiosa que controla policialmente al país se dispone a destituir y a encarcelar a la Fiscal Luisa Ortega Díaz  con el fin de impedir las acciones constitucionales que el Ministerio Público despliega en defensa del orden legal y del Estado de derecho.
Esa persecución procura igualmente consagrar la impunidad  militar y policial, impidiendo la investigación y las sanciones penales contra la acción criminal de la Guardia Nacional, del SEBIN, de la Policía Nacional y de los delincuentes colectivos financiados por el régimen y entrenados en Cuba.
Por ello, Nicolás Maduro anuncia que está dispuesto a mantenerse “con las armas en la mano”, ante el fracaso evidente de la vía electoral, y por la necesidad de cancelar de manera definitiva los mecanismos legales que permitan el retorno a la democracia.
Saben, tanto Maduro como la cúpula militar y sus asesores cubanos, que cada día se torna más difícil simular una elección constituyente con centros electorales vacíos, y con un país movilizado y dispuesto a luchar hasta el último sacrificio para impedir la consumación de esa grotesca farsa.
Imbuido de esa realidad y preso de una cada vez más evidente y peligrosa desesperación,  el gobierno se dispone a clausurar la Asamblea Nacional y a encarcelar bajo la acusación de terroristas a los principales líderes políticos, gremiales y sociales del país.
El día 27, la acción violenta de la Guardia Nacional encargada de la custodia del Parlamento, fue un claro anuncio de esa decisión.
Ese día constituye una mancha  en la historia republicana, que nos recuerda el 24 de enero de  1848 cuando el dictador Monagas, con el fin de evitar su enjuiciamiento utilizó los colectivos de aquella época para asaltar el Congreso, asesinar parlamentarios y pisotear la Constitución.
Esta vez un tal “coronel Lugo” ordenó reprimir en la  propia sede legislativa a los diputados que reclamaban el ingreso sin autorización de un material extraño al Parlamento. Varios diputados y diputadas fueron brutalmente golpeados por cobardes “militares”, cuya verdadera responsabilidad legal debería ser proteger y custodiar ese recinto del pueblo y a quienes allí laboran.
Luego de ese bochornoso acontecimiento, las continuas amenazas proferidas por el gobierno en contra de los legisladores nos indican que el asalto definitivo a la Asamblea puede ocurrir en cualquier momento con consecuencias impredecibles.
Ante estos hechos y frente al cúmulo de eventos represivos que continúan sacudiendo al país, el Comité Nacional de Copei eleva su voz de protesta, y manifiesta su decisión de permanecer enfrentados en contra de una tiranía colocada al margen de los más elementales principios de civilidad y de respeto a los derechos humanos.
Y ante una violencia que se extiende por todo el país y que amenaza convertirse en una guerra interna de mayores proporciones, Copei denuncia y señala que los militares van camino a convertirse en verdugos del país y en motivo de vergüenza para la sociedad venezolana.
COMITÉ NACIONAL DE COPEI

28-6-2017

Leopoldo López ya en casa, pero no en libertad

·       Tras 99 días de protesta popular en las calles de Venezuela y presión internacional

Comunicaciones Leopoldo López / Johan Merchán
(Caracas, 08.07.17).-
99 días de protestas pacíficas ininterrumpidas en las calles de Venezuela, a la par de una intensa presión de la comunidad internacional contra el régimen venezolano, obligó a que el líder opositor y preso de consciencia venezolano Leopoldo López, fuese trasladado bajo medida de casa por cárcel, en horas de la madrugada del sábado, tras permanecer desde hace 3 años y 5 meses injustamente encarcelado en la cárcel militar de Ramo Verde.
Como se recordará, durante este tiempo López ha sido sometido a la permanente violación de sus derechos fundamentales y humanos, evidenciada a través de la incomunicación y aislamiento severos de sus abogados y familiares, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas psicológicas y robo de documentos personales para el ejercicio de su defensa, que perseguían infructuosamente su quiebre.
Por el contrario, el líder del partido Voluntad Popular quien aún purga una condena injusta de casi 14 años de prisión por calificar en 2014 al régimen de Maduro como una dictadura y llamar a los venezolanos a conquistar la democracia, ha mantenido desde la prisión su llamado al pueblo venezolano a protestar pacífica pero contundente y organizadamente en las calles de toda Venezuela hasta lograr un cambio pacífico, constitucional y democrático.
El defensor del pueblo Tarek William Saab, en tuits publicados en su cuenta personal el 8 de junio, confirmaría que la medida de casa por cárcel corresponde a una decisión unilateral del Estado venezolano.
Al momento de ser trasladado a su casa, López llevaba más de 90 días sin ver a sus abogados, los últimos 32 bajo condiciones de aislamiento severo en una torre del penal militar de Ramo Verde.
Durante 40 meses de prisión injusta y violación a los derechos fundamentales de López, organismos internacionales como la OEA, ONU, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Right Watch, Mercosur, CIDH, así como por personalidades como el Papa Francisco, los Presidentes de Estados Unidos Donald Trump y Barack Obama, los presidentes Mauricio Macri (Argentina), Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Enrique Peña Nieto (México), Juan Manuel Santos (Colombia), Justin Trudeau (Canadá), Mariano Rajoy (España), Michel Temer (Brasil), Horacio Cartés (Paraguay), Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Parlamento Europeo y expresidentes del mundo denunciaron incansablemente las irregularidades y arbitrariedades de su caso.
Se espera que en las próximas horas el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, haga un pronunciamiento sobre la medida cautelar de casa por cárcel a López.




miércoles, 5 de julio de 2017

Fiscal General Ortega Díaz: “Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona Estanga”

·       La titular del Ministerio Público prometió seguir luchando por defender la Constitución














(Caracas, 4 de julio de 2017)
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró este martes 4 de julio que el antejuicio de mérito en su contra desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituye “un golpe de Estado, más grotesco que el decreto de Carmona (12 de abril de 2002), quien disolvió los poderes públicos”.
“No he cometido delitos ni faltas y no me voy a someter a ese tribunal inconstitucional e ilegítimo; esto es un fraude procesal y vergonzoso: quieren intimidarme, callarme para que no siga diciendo verdades, como que todavía persiste en Venezuela la ruptura del orden constitucional”, puntualizó la máxima autoridad del Ministerio Público desde el auditorio de la sede principal de la institución, en Caracas.
Al justificar su ausencia en la audiencia pública del citado antejuicio, Ortega Díaz sostuvo que no convalidará “este circo que teñirá nuestra historia de vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada: no los reconozco (a los magistrados del TSJ)”.

PROCESO FRAUDULENTO
La Fiscal General mostró durante sus declaraciones las pruebas de cómo fueron designados de manera fraudulenta los magistrados del TSJ. Denunció que el acta no fue firmada por ella, el Defensor del Pueblo, ni por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Moral Republicano (CMR).
Sostuvo que nunca se realizó la reunión de la cual tanto habla el defensor Tareck William Saab, que supuestamente ocurrió el 16 de diciembre de 2015, y que tenía como fin seleccionar a los nuevos magistrados.
Para respaldar tal afirmación, enseñó la certificación que solicitó el pasado 16 de junio de 2017 al CMR. “¿Y ustedes saben qué pretendía después (el Defensor)? Firmar el acta, y alguien le dijo que no, porque ya la Fiscal tenía la copia”.
Detalló que en las copias certificadas se dice que el 14 de diciembre de 2015 llegaron los expedientes de los 381 aspirantes, pero por ningún lado se informa que fueron escogidos.
Asimismo, explicó que uno de los argumentos que esgrimió el diputado Pedro Carreño para sustentar que ella incurrió en faltas gravísimas, está fundamentado en un acta del CMR de fecha 21 de enero de 2016. “¿Qué tiene que ver un acta del 21 de enero con la designación de los magistrados que fue en diciembre de 2015? Es extemporáneo”.
Puntualizó que los expedientes de los aspirantes llegaron el 14 de diciembre a la 1:10 pm y el 17 de ese mismo mes, día de fiesta nacional, fueron enviados a la Asamblea Nacional (AN), es decir, que apenas en 48 horas fueron revisados 381 currículos.
Denunció que ni en el acta que envió la AN al Consejo Moral ni la que luego fue remitida al Parlamento, aparece el nombre de Juan Carlos Valdez González, quien no estaba en ninguna de las dos listas, y ahora es magistrado suplente de la Sala Constitucional.

EL DIPUTADO CAÓTICO
Ortega Díaz afirmó que el diputado Carreño consignó ante el TSJ las copias certificadas de la convocatoria del 16 de diciembre y la del 21 de enero para solicitar su antejuicio. Sin embargo, se preguntó cómo las obtuvo, pues la Secretaria del CMR le aseguró que el parlamentario nunca solicitó dichos documentos, lo cual fue expuesto por escrito por dicha funcionaria.
Ello quiere decir, que en los asientos del referido ente del Estado, no consta que Carreño haya pedido una copia certificada. ¿Cómo obtuvo la copia?, se preguntó la Fiscal General.
La máxima representante del Ministerio Público señaló que otro de los argumentos esgrimidos por el diputado es que su actuación va en detrimento de la majestuosidad y el decoro del Poder Ciudadano, por atacar la convocatoria presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente.
Ante tal argumento dijo que sí lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, porque el Presidente de la República no es el poder soberano, el cual solo es inherente al pueblo venezolano y es el único que puede convocar a un proceso constituyente.
“Pero pareciera que defender la Constitución es un delito. Nuevamente criminalizan mis actuaciones. Es decir, que en este país es un crimen defender el texto fundamental. Vamos a estar bien alertas con eso”, ironizó la Fiscal General.
Se refirió a la palabra “caotizar” que, según Carreño, es una de las intenciones de Ortega Díaz al oponerse a la convocatoria de la constituyente. Al respecto, dijo que el caos en el país no lo ha provocado ella, sino los responsables de que la gente no tenga acceso a los alimentos básicos, medicinas, salud ni seguridad.
También rechazó los señalamientos que hizo Carreño referidos a que el Ministerio Público solo ha presentado a 15 personas por 86 muertes suscitadas durante las manifestaciones, por lo que precisó que para el momento en que el diputado hizo tal afirmación, el número de fallecidos era de 73.
En tal sentido, desmintió la premisa y aseguró que los fiscales de la institución han investigado cada una de las muertes y hechos ocurridos en las manifestaciones. “La cifra que tenemos al día de hoy es de 90 fallecidos; 4.658 procesados, no solo por muertes y lesiones, sino también por daños a la propiedad”.
Aclaró que hasta ahora en los casos que no se ha podido avanzar más en la investigación penal, es gracias a los obstáculos colocados al Ministerio Público, como por ejemplo, las privativas de libertad que los cuerpos policiales se niegan a materializar.
Entre los impedimentos para que se haga justicia, también está la jurisdicción militar, donde actualmente se procesan a civiles contraviniendo a la Constitución.
Enfatizó que la institución que representa investiga todos los hechos ocurridos en más de 80 días de protesta, por lo que hasta ahora hay 70 acusaciones, lo cual no significa que sean 70 personas, pues en una causa puede haber uno o más procesados.
En su declaración, la Fiscal General manifestó que le hubiese gustado que el diputado Carreño fuera diligente para pedir antejuicio de mérito contra todos aquellos responsables de la escasez de alimentos y medicinas, contra los que violan los derechos humanos o para pedir sanciones contra los que trafican drogas.
Además de todos los vicios denunciados por Ortega Díaz en la solicitud de antejuicio, señaló que tuvieron que transcurrir 13 días para permitirle a su defensa el acceso al expediente.
Advirtió que el Ministerio Público es el titular de la acción penal. Sin embargo, las acciones intentadas por la Fiscal General son rechazadas, lo que no ha sucedido con el diputado Carreño, para quien el TSJ ha tenido respuesta inmediata.
 “Con esa sentencia del TSJ, el antejuicio de mérito tampoco existe. Todos los ciudadanos, cualquier ciudadano, según esa sentencia, está investido de autoridad para solicitar antejuicio de mérito contra cualquier funcionario, sea este por drogas, por los narcosobrinos u Odebrecht” indicó.
Otro ejemplo de la "celeridad" del TSJ es el caso de la citación para imputar al general Antonio Benavides Torres, la cual fue dejada sin efecto por los magistrados.

Restablecer vigencia de la Constitución Nacional
Ortega Díaz destacó que mientras se le negó respuesta a sus recursos interpuestos ante el TSJ, ha quedado demostrado que los dictámenes de este tribunal solo favorecen a quienes detentan el Poder Ejecutivo.
Advirtió que si la removieran de su cargo tras la audiencia pública, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, como todo el pueblo de Venezuela, en apego al artículo 333.
 “Con este acto quedará abierto el camino para aniquilar por vías violentas el descontento popular (…) podrán matar y encarcelar a quienes eleven críticas al gobierno y así acabar con el legado del presidente Hugo Chávez. Es lamentable”, agregó.
A su juicio, está en peligro la libertad y la democracia en el país, las cuales pudieran ser arrasadas por factores atrincherados en el poder que, como el TSJ, pretenden anular al Ministerio Público, la última institución capaz de proteger los derechos humanos en Venezuela.
“Están en peligro las víctimas, no sus agresores; el mundo al revés”, comentó Ortega Díaz.
Mostró su preocupación por el desborde de represión de los cuerpos de seguridad del Estado en manifestaciones recientes en Caracas y el estado Lara, donde también criticó la actuación de grupos civiles armados que buscan atemorizar a la población que protesta en las calles por la escasez de alimentos y medicinas.
 “Seguiré en la lucha por la defensa de esta Constitución, vamos a triunfar. Dios bendiga a Venezuela”, exclamó la funcionaria garante de la legalidad en Venezuela.

Vicefiscal general legítimo es Rafael González
En su pronunciamiento ante los periodistas, la Fiscal Ortega Díaz aseveró que desconoce el nombramiento de la vicefiscal general por parte del TSJ, durante la mañana de este martes 4 de julio.
“Tengo una comunicación de la Asamblea Nacional que dice que autoriza la designación del vicefiscal general ¿Cuál tiene validez? ¿Cuál es el legítimo? El vicefiscal es Rafael González”, refirió en medio de aplausos de los presentes. 
Además de González, estuvieron en el acto la ex defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez; el diputado del Gran Polo Patriótico, Germán Ferrer, y el vocero de la agrupación Marea Socialista, Nicmer Evans.
También asistieron directores generales y de línea, además de cientos de trabajadores del Ministerio Público, tanto de Caracas como de otros estados del país.
RLV/RV
www.mp.gob.ve

jueves, 29 de junio de 2017

VENTE VENEZUELA AL RÉGIMEN: De este lado no hay miedo y no van a amilanarnos

·       María Corina Machado asegura que a 90 días de rebelión ciudadana, “a Maduro no le quedó otra que declararle la guerra a los ciudadanos”
·       #Video Rueda de prensa completa: @ventevenezuela denuncia arremetida del régimen y ratifica compromiso con la libertad https://youtu.be/K9K1G1x8YuE



(Caracas. 29/06/2017)
“De este lado no hay miedo y no van a amilanarnos”, fue el mensaje que envió este jueves al régimen el abogado José Amalio Graterol, en nombre de Vente Venezuela, tras la grave arremetida de la que ha sido víctima el partido en las últimas horas.
Graterol denunció que desde el régimen han ofrecido sumas “obscenas” de dinero a dirigentes del partido de la libertad para que siembren en su sede objetos que puedan incriminar a la organización con hechos violentos.
“[Néstor] Reverol, no vas a lograr los objetivos, con Vente te equivocaste, porque aquí hacemos política con ética. Ningún dirigente de Vente Venezuela va a sembrar la casa de la libertad, y mucho menos a otro dirigente”, aseveró.
Sobre la detención de Javier Chirinos, coordinador del partido de la libertad en Distrito Capital, y Marcos Aponte, coordinador de Comunicaciones en Caracas, dijo que la acción se dio sin cometer ningún delito, ni tener objetos que lo incriminaran.
“Fueron secuestrados por más de seis horas y en este momento tenemos información de que los tiene la Policía Nacional. Luego, en horas de la tarde, llegaron a las adyacencias de la sede y se robaron el vehículo de Javier para buscar sembrar algo que lo incrimine”, reveló. 
Por otra parte, informó que el secretario político de Vente Venezuela en Maturín, Orlando Moreno, está siendo torturado psicológica y físicamente para que grabe un video en donde inculpe a María Corina Machado y al diputado Juan Pablo García de los actos violentos en Monagas. En este sentido, recordó que es nula cualquier declaración que le hagan a una persona torturada.
También dio parte de la situación de Zuly Fuentes, miembro del partido en el estado Bolívar, quien fue detenida mientras defendía a unos estudiantes que estaban siendo golpeados por la policía del estado, el pasado 16 de junio. “Zuly fue vilmente golpeada por funcionarios de Polibolívar y se encuentra presa aún”, reseñó.


90 días de rebelión popular
La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, denunció que según información que maneja, en las últimas horas la Guardia Nacional en el estado Aragua ha sobrepasado su capacidad de respuesta, por lo que “se han dado órdenes a otras unidades militares para que actúen en actividades de orden público”.
Aseveró que el General de División Eldan Rodríguez Forty habría ordenado a través de un radiograma la activación del Plan Guaicaipuro en su fase roja. “Esto nos obliga a dirigirnos a oficiales y soldados de todos los componentes de la FAN: están obligados a cumplir juramento y desconocer órdenes que violen los derechos humanos”, sentenció.
“Ayer fue el día más oscuro, asesinaron a 5 jóvenes, los asesinó el régimen y los asesinó Maduro. Son 90 días de rebelión ciudadana y el régimen completamente aislado. A Maduro no le quedó otra que declararle la guerra a los ciudadanos”, aseguró.
Por su parte, el coordinador nacional de Organización, Henry Alviarez, indicó que el futuro de Venezuela está siendo asesinado. “Nuestra condolencia a las familias de Roberto Durán, Víctor Betancourt, Luis paz, Isael Macadan y Jonathan José Zavatti”.
Alviarez aseguró que “tenemos que sancionar cómo el dictador, producto de su frustración, mandó a usar las armas que se han convertido en muerte y violencia”.
El partido Vente Venezuela anunció que en los próximos días se darán a conocer las acciones enmarcadas dentro de lo que fue denominada “La Escalada”, que tendrá una dimensión institucional, internacional, y de los ciudadanos en la calle.



jueves, 22 de junio de 2017

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Acuerdo en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la democracia y de los Derechos Humanos

                                          Acuerdo de la AN
 

                                       CONSIDERANDO
Que conforme a lo pautado en el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ésta no perderá su vigencia por cualquier acto de fuerza o porque se pretenda su derogatoria por cualquier medio previsto expresamente en ella, y que es deber de todo ciudadano, en estos casos, esté investido o no de autoridad, colaborar en el restablecimiento de su plena vigencia;

                                                       CONSIDERANDO
Que conforme a lo pautado en el artículo 350 de nuestra Carta Magna, es deber de todo ciudadano desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, garantías o principios democráticos, o que viole los Derechos Humanos;
CONSIDERANDO
Que Nicolás Maduro Moros dictó el Decreto N° 2.830, del 1 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.295 Extraordinario de la misma fecha, en el cual se alude a la convocatoria de una pretendida Asamblea Nacional Constituyente, así como el Decreto N° 2.878, del 23 de mayo de 2017, mediante el cual se “establecen las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente”, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.156, de la misma fecha;
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los principios democráticos, el pueblo es el titular exclusivo y excluyente de la soberanía (artículo 5), la cual es intransferible y cuya máxima expresión es el ejercicio del poder constituyente, que corresponde igualmente y de manera exclusiva y excluyente al pueblo soberano (artículo 347), todo lo cual ha sido desconocido de facto por Nicolás Maduro y por las autoridades sumisas del Poder Electoral, del Poder Moral, del Poder Judicial y por otros representantes del Poder Ejecutivo nacional, estatal o municipal;
CONSIDERANDO
Que, de acuerdo a nuestra Carta Magna, el Presidente de la República y otros órganos del Estado, así como una porción del electorado, solo tienen la iniciativa para proponer una Asamblea Nacional Constituyente, pero es solo el pueblo el que determina, mediante referendo y de manera previa a la selección de sus miembros y a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, si acepta o no dicha iniciativa, en qué términos la autoriza, con qué finalidad la acepta, y si en definitiva convoca una Asamblea Nacional Constituyente (Arts. 347 y 348 de la Constitución);
CONSIDERANDO
Que, de espaldas a lo que pauta la Constitución y al pueblo venezolano, se ha iniciado en diversas instancias del Poder Electoral el proceso de postulación y elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, todo ello sin haber examinado en Directorio las bases respectivas y sin haber aprobado la convocatoria de tales elecciones y el correspondiente cronograma;
CONSIDERANDO
Que el Consejo Nacional Electoral no podía dejar de advertir la manifiesta inconstitucionalidad del planteamiento presidencial, que desconoce la soberanía del pueblo y su poder constituyente y vulnera la universalidad del sufragio correspondiente a toda la ciudadanía, sin segmentaciones o sectorizaciones, y el principio de la representación proporcional (Arts. 5, 63 y 347 de la Constitución), así como el derecho al sufragio directo, universal y secreto (Art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), y que sin embargo se ha plegado de manera sumisa a los inconstitucionales designios de Nicolás Maduro;
CONSIDERANDO
Que el Tribunal Supremo de Justicia, representado tanto por la Sala Constitucional como por la Sala Electoral, en reiteradas sentencias se ha dado sistemáticamente a la tarea de anular cualquier posibilidad de acceso a la justicia al pueblo venezolano, para que directamente o a través de las instituciones, presente legal y válidamente sus objeciones, solicitudes o peticiones de suspensión o de nulidad del proceso de instauración de una Asamblea Nacional Constituyente en los írritos términos planteados por Nicolás Maduro que han sido avalados de manera arbitraria por el Consejo Nacional Electoral, lo cual le ha cerrado a la ciudadanía cualquier posibilidad de evitar que se consume el fraude a la Constitución propuesto por Nicolás Maduro, en los términos en que lo exigen el Estado de Derecho y las leyes vigentes en la República;
CONSIDERANDO
Que en decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de junio de 2017, se acordó admitir la solicitud de antejuicio de mérito promovida de manera ilegal e inconstitucional por el Diputado Pedro Carreño contra la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, buscando con ello acabar con los pocos resquicios de institucionalidad que quedan en nuestra nación, con la finalidad de imponer, contra la soberanía popular y sin oposición de ningún tipo, una Asamblea Nacional Constituyente que no solo constituye una traición al pueblo soberanos, sino que además está definitivamente dirigida a destruir la forma republicana de nuestra nación;
CONSIDERANDO
Que todos los anteriores actos, sin duda alguna, contrarían los valores, principios y garantías democráticos, y están dirigidos a cambiar arbitrariamente la forma republicana de nuestra nación y a privar de su vigencia a nuestra Constitución, contra la voluntad soberana del pueblo y de facto, y que esto ha generado además una grave alteración política y social en todo el territorio nacional, a la que se ha respondido desde el Poder Ejecutivo con una inclemente, sistemática y generalizada represión policial, militar y paramilitar contra el grupo civil que se identifica con la oposición o la disidencia, al margen de la Constitución y de las normas que rigen el control de las expresiones públicas y pacíficas de queja o de protesta de la ciudadanía, que ha concluido en gravísimas violaciones a los Derechos Humanos que incluyen, desde el 1º de abril de 2017 hasta la fecha, más de 70 asesinatos por cuerpos militares, policiales o paramilitares bajo las órdenes o controlados por el Poder Ejecutivo, más de 3000 personas arrestadas, muchas de ellas civiles juzgadas y privadas de su libertad por Tribunales Militares, el injusto encarcelamiento de un importante grupo de militares respetuosos de la Constitución por negarse a acatar las órdenes inconstitucionales y violatorias de los Derechos Humanos que les han sido impartidas, al menos 15000 heridos y varias decenas de torturados por el simple hecho de protestar contra las ilícitas e inconstitucionales pretensiones de Nicolás Maduro, del Consejo Nacional Electoral, y de sus cómplices en el Poder Judicial, en el Poder Moral, y en los demás representantes del Poder Ejecutivo;
ACUERDA
PRIMERO: Desconocer a Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a su Vicepresidente Tarek El Aissami, y a todos los actuales ministros integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, por violar de manera generalizada y sistemática los Derechos Humanos de los venezolanos y por contrariar los valores, principios y garantías democráticas;

SEGUNDO: Desconocer a la Presidenta y demás Rectoras del Consejo Nacional Electoral, por su complicidad con la usurpación de la soberanía popular perpetrada por quien detenta la Presidencia de la República y por sus cómplices;

TERCERO: Desconocer a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, electos además de manera ilegítima, así como desacatar todas las sentencias que han dictado, violando la Constitución y las leyes vigentes, buscando legitimar la usurpación de la soberanía popular propuesta por Nicolás Maduro y avalada por sus cómplices en el Poder Ejecutivo, en el Poder Electoral, y en el Poder Moral;

CUARTO: Desconocer a cualquier otra autoridad que promueva, defienda o avale la usurpación de la soberanía popular perpetrada por quien detenta la Presidencia de la República y por sus cómplices;

QUINTO: Exhortar al pueblo venezolano a, de conformidad con lo pautado en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconocer a las antes citadas autoridades por pretender suprimir su soberanía intransferible, su derecho al sufragio y su derecho de acceso a la justicia, por violar de manera generalizada y sistemática los Derechos Humanos de todos los venezolanos y por contrariar los valores, principios y garantías democráticas;

SEXTO: Desconocer y rechazar la supuesta y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y a todos sus actos, sin que el pueblo haya aprobado en referendo su convocatoria y sin contar con las bases comiciales correspondientes, ya que la misma representa una usurpación del poder constituyente del pueblo y una vulneración de los artículos 333 y 350 de la Constitución;

SÉPTIMO: Hacer un llamado claro y contundente a las Fuerzas Armadas Nacionales a cumplir con lo pautado en el artículo 328 de la Constitución, a evitar que se cometa el crimen de cambiar, de espaldas al pueblo y violentando su poder constituyente originario, la forma republicana de nuestra nación; a cesar de inmediato todo acto de represión contra la ciudadanía que se expresa pacíficamente contra el gobierno, a impedir la acción ilegal e inconstitucional de los grupos militares, policiales o paramilitares que estén cometiendo crímenes contra el pueblo; a ponerse al servicio de la Nación, no de parcialidad política alguna y a defender y proteger los Derechos Humanos, los valores y garantías democráticos y la voluntad soberana del pueblo venezolano;
OCTAVO: Recordarles a los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales y a los demás Cuerpos de Seguridad del Estado que de conformidad con lo pautado en los artículos 25 y 29 de la Constitución, la responsabilidad por tolerar o por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y por violaciones graves a los derechos humanos es personal y directa, que la acción para perseguir tales crímenes y violaciones es imprescriptible y universal, y que no sirven como excusa ni como justificación las órdenes superiores;
NOVENO: Ratificar su compromiso con la protesta y resistencia ciudadana basadas en los artículos 68, 330 y 350 de la Constitución, que se intensificarán y no cesarán hasta la recuperación de la Democracia.
DÉCIMO: Remitir este Acuerdo al Poder Ejecutivo, al Consejo Nacional Electoral, al Poder Moral, a Poder Judicial, al Alto Mando Militar y al Ministerio Público.

DÉCIMO PRIMERO Publicar el presente Acuerdo.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la ciudad de Caracas, a los veintiún días del mes de junio del dos mil diecisiete. Año 207° de la Independencia y 158° de la Federación


LA ALIANZA NACIONAL CONSTITUYENTE Y EL REFERENDO CONSULTIVO

La Alianza Nacional Constituyente, se constituyó con la intención de unir voluntades de organizaciones de la Sociedad Civil, políticas, gremiales, laborales, culturales, estudiantiles, académicas, religiosas, profesionales, empresariales, laborales e individuales, con la finalidad de promover de manera Cívica, Pacífica, Democrática y Constitucional la discusión y concertación impostergable de un Nuevo Proyecto de País, para construir y  reinstitucionalizar a Venezuela con el propósito de alcanzar el  bienestar social de todos sus ciudadanos.
Ahora bien,  esta iniciativa emprendida por varios años y puesta a la disposición de todos los venezolanos, contempla como medio fundamental para su concreción la convocatoria por iniciativa popular de un proceso constituyente de carácter originario,  con acatamiento a los términos establecidos en la constitución vigente, por tanto, como organización de la sociedad civil nos lleva a manifestar nuestro más firme rechazo al fraude constitucional que el gobierno ha dado en llamar “convocatoria a un proceso constituyente”. Por lo que desde la Alianza Nacional Constituyente, deseamos informarles a los venezolanos y a la comunidad internacional que este proceso iniciado por el gobierno el 1ro. de mayo de 2017 con los Decretos No. 2.830 y 2.831 publicados en la Gaceta Oficial No 6.295 Extraordinaria, constituyen un golpe a la soberanía popular y fraude a la Nación al utilizar elementos establecidos en la Constitución para convocar una elección constituyente, espuria que de ninguna manera conforma un llamado legal a una Asamblea Nacional Constituyente. Hasta que la iniciativa presentada por el Presidente de la República, prevista en el Articulo 348, no tenga la aprobación correspondiente del proceso mismo y las Bases Comiciales propuestas por el pueblo de Venezuela, que es el único con el poder de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en un Referendo Consultivo, el citado Presidente de la República estaría con su convocatoria dándole un golpe definitivo a la Constitución de 1999, acto al que llamamos a desconocer en todas sus partes.
Ante tal despropósito emprendido por la tiranía, soslayando la soberanía popular, nos dirigimos a la Fiscalía General de la Republica con fecha 25 de mayo del presente, ya que consideramos que su criterio es para la republica de capital importancia y  solicitarle que en uso de sus atribuciones y facultades de garantizar el fiel cumplimiento de la constitución y leyes de la República,  proceda a solicitar que se haga efectiva la convocatoria de un referendo consultivo tal y como lo establece el artículo 71 de la Constitución, para que sea el pueblo el que decida, en ejercicio legítimo de su protagonismo y en quien reside intransferiblemente la soberanía y como depositario del Poder Constituyente Originario.  

Por tanto, en la Alianza Nacional Constituyente consideramos que las declaraciones emitidas por la ciudadana Fiscal General de la Republica, Dra. Luisa Ortega Díaz, el día 19 de los corrientes, en que señala el imperativo deber de ser convocado un referéndum consultivo al pueblo soberano para que emita opinión sobre si acepta o no la convocatoria a una constituyente en los términos planteados por Maduro, ratifican el motivo y propósito de nuestra solicitud al considerar que esta iniciativa es materia de especial trascendencia nacional.  Con su declaración, la Fiscal,  compromete a los órganos competentes a actuar en consecuencia y en ese sentido solicitamos una vez más y con especial urgencia a la Asamblea Nacional, actuales depositarios de la voluntad del pueblo soberano,  hacer efectivo el dispositivo constitucional contemplado en el artículo 71 de la Constitución, cuyo contenido expresa: Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la Republica en Consejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el Registro Civil y Electoral”.
Es preciso señalar igualmente que para la convocatoria de este referendo consultivo, nos acogeremos bajo el imperio de los artículos 5 constitucional, que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…, y que los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.  En el 70 que señala que son medios de participación del pueblo las iniciativas constitucional y constituyente. El 71 que establece que las materias de especial trascendencia nacional deben ser sometidas a referendo consultivo. El 333 que indica que la Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución. El 347 que ordena que el pueblo de Venezuela como depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de esa potestad puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento  jurídico y redactar una nueva Constitución; y el 350 que proclama, que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarié los principios y garantías democráticas o menoscabe los Derechos Humanos.
Este referendo consultivo, será la manifestación más contundente de rechazo a la espuria e inconstitucional convocatoria por parte de Maduro a un proceso constituyente de naturaleza antidemocrática, totalitario y tiránico por él convocado y ratificará una vez más, ante el país y la comunidad internacional, la firme vocación democrática de los venezolanos y su inquebrantable disposición de liberar a Venezuela de la oprobiosa dictadura hoy encabezada por Maduro. 




En el mes del padre… Pedro Navas

En el mes del padre… Pedro Navas
Otro día más de los Padres, transcurrió este año, lleno de incertidumbre, nostalgia, desesperanza, temor y reserva, al ver como a nuestros hijos, y nietos, los efectivos de las fuerzas pública nos los matan en las calles, por atreverse a reclamar con valentía el derecho a una vida mejor; por  la inseguridad reinante cuando salen a trabajar o a estudiar, para lograr alcanzar los objetivos que le plantea la vida, e intentar mejorar las condiciones sociales. Así mismo se protesta por la falta de medicina, a tiempo, cuando sufren una enfermedad. 
Muy pocos hoy mueren de vejez, las enfermedades se hacen morales por la falta de medicinas, y el deterioro de los hospitales. Por lo contradictorio de la vida, y por las mismas condiciones de crisis que vive nuestro país, en lo moral, social, económico y político, hoy los padres nos vemos en la difícil y lamentable situación de tener que enterrar a nuestros propios hijos; todo por la irresponsabilidad, incapacidad, negligencia y corrupción de un régimen que no gobierna para el pueblo, sino para los intereses de pequeños grupos que conforman la elite del poder.
 Por estas razones en este otro Día de los Padres, por no tener que celebrar ni motivo por el cual celebrar, lo que hubo fue tristeza. Tristeza por la falta de dinero o por la pérdida de un ser querido que en un país normal hubiera podido sobrevivir a la enfermedad, cualquier enfermedad que hoy en día en Venezuela se convierte en causa de muerte por la falta de medicinas. 

Sólo Dios nos dará el consuelo de sobrellevar la corta vida que nos queda por los caminos de la paz, la concordia y la esperanza en un futuro mejor…
Dios es la justicia divina, y aunque tarde es segura…